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El Gobierno escuchó los cuestionamientos que se le hacen a los Estados. Por ejemplo, Alemania, Chile y Suecia instaron a la Argentina a garantizar la plena independencia del Poder Judicial. En junio contestará.
Este viernes tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra la adopción de la información que contiene las recomendaciones formuladas para los estados a la Argentina en el marco de su Examen Periódico Universal (UPR). Pero el Gobierno decidió postgar sus respuestas a los cuestionamientos sensibles para mediados de año.
Allí, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, presentó una polémica informada en el que cuestionó al poder legal en el marco del embate del Gobierno contra la Corte de Suprema de Justicia y el juicio político que le quiere abrir a sus miembros . También el gobernador fue víctima de la vicepresidenta Cristina Kirchner señalando que fue víctima de la «lawfare» -una supuesta persecución política disfrazada de procesos legales- criticó a los medios de comunicación y al sector empresarial allí.
Pero según pudo saber Clarín, formalmente, Argentina recibió este viernes un total de 287 recomendaciones para 104 Estados. Muchas son reseñas. A cambio, el Gobierno decidió postergar sus respuestas.
La presentación de Pietragalla, que ya volvió al país, fue inusual y polémica porque los Estados no suelen atacar a sus instituciones democráticas.
De hecho, Juntos por el Cambio informado este jueves que habían enviado una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para repudiar la presentación de Pietragalla. La carta habla de las «críticas insólitas» vertidas por el ultrakirchnerista oficial. Y advierte que su informe y sus declaraciones «tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonarios del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia no solo con la condena a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecerán en prisión con condenas firmes».
La delegación argentina participó en la adopción del mencionado informe estuvo constituido por el embajador Federico Villegas Beltrán, Representante Permanente de Argentina en Ginebra, y Andrea Pochak, el número atrás de la Secretaría de Derechos Humanos.
La delegación argentina anunció que tomó nota de sus recomendaciones y que respondería si las aceptaba o no a más tardaría en la 53° sesión del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar en junio de 2023.
Esta posición llamó la atención porque es habitual que las delegaciones anuncien, al momento de la adopción del informe con las recomendaciones, al menos algunas de las mismas, mientras que la decisión sobre otras se postga unos meses.
En tal sentido, el proceder argentino fue similar al que adoptó Venezuela en 2022.
Tal vez en tal decisión tuvo que ver que algunas delegaciones como Alemania, Chile y Suecia instaron a la Argentina a garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones, o al hecho de que Israel haya instado a adoptar nuevas medidas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del atentado a la AMIA.
La recomendación alemana fue la más fuerte, ya que no sólo instó a fortalecer la independencia del poder legal, sino también a proteger a los jueces et investigadores de “presiones e intimidaciones”.
La recomendación alemana se produce a sólo días de la visita que hará el canciller (primer ministro) Olaf Scholz a la Argentina. El jefe de gobierno estará este sábado con el presidente Alberto Fernández, quien va al cabeza del juicio político a la Corte.
Otro dato interesante es el de la troika de Estados encargada de la revisión de la información mencionada estuvo constituida por Bolivia, Gabón y China, quien elogió la labor realizada por la delegación argentina participante de la UPR.
