Las interminables colas frente a las estaciones de servicio de Colombo para conseguir combustible o una bombona de gas han desaparecido del paisaje, la electricidad funciona sin intermitencias, el malecón, epicentro de la protesta bautizada como la Aragalaya, («pelea») ha recuperado su aspecto coqueto. Flota un aire de normalidad sobre la capital de Sri Lanka, un año después de una histórica protesta ciudadana, que obligó a abandonar el poder al poderoso clan Rajapaksa.El 13 de julio de 2022, el presidente, Gotabaya Rajapaksa, había huido lastimosamente a Singapur. felizmente apoderarse de su residencia, bañarse en su piscina, aceptar su cama, ahora son cosa del pasado.La ira de los habitantes de Sri Lanka que había estallado después de meses de privaciones debido a una gestión desastrosa y una deuda abismal, parece haber sido amordazada. Ranil Wickremesinghe, sucesor de Gotabaya Rajapaksa como presidente de la República, gobierna con puño de hierro, cortando de raíz cualquier intento de protesta mediante una draconiana ley de prevención del terrorismo.
El Jefe de Estado trabaja desde hace un año para restaurar las finanzas públicas y estabilizar la economía, que había tocado fondo cuando la isla, totalmente escasa de dinero, incumplió el pago de su deuda externa (46.000 millones de dólares, o 41.000 millones de euros), en 12 de abril de 2022. Tras varios meses de negociaciones, el gobierno concluyó, en marzo, un plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 2.900 millones de dólares, a costa de drásticas reformas tributarias exigidas por la institución monetaria : supresión de las subvenciones al agua, la electricidad, el fuel oil, aumento del IVA y del impuesto sobre la renta, restricciones a la importación, establecimiento de un sistema de flotación de la rupia, privatización de empresas públicas, reestructuración de la deuda. El FMI sigue de cerca la implementación de las reformas. Los $2,900 millones se desembolsarán en nueve cuotas durante cuatro años, y la institución realizará una revisión cada seis meses. El Banco Central dejó de imprimir dinero.
Todas estas medidas de austeridad están golpeando duramente a la clase media y a los pobres, ya muy golpeados por la crisis sanitaria por el Covid-19 y por la crisis económica. El poder adquisitivo de los habitantes se ha derretido bajo el efecto de la inflación -70% en 2022- y la duplicación de los precios de la luz y el agua, así como el nivel de los impuestos. El empobrecimiento del país es general. Las Naciones Unidas sufren en 3,9 millones de personas, o el 17% de la población, el número de personas que sufren de inseguridad alimentaria aguda. Esta cifra se eleva al 42% entre la población que trabaja en las plantaciones de té. Alrededor del 62% de los hogares se ven obligados a pedir prestado, vender sus activos o recortar el gasto en salud y educación. Para la oposición, el rescate del FMI es un mal negocio, firmado a costa de los pobres.
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