El Consejo de Gabinete de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional extender las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca suspender los efectos de la Ley 468, recientemente aprobada, que reformó el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.
La normativa 468, aprobada el 24 de abril de 2025, implementó alteraciones importantes en el modelo de subsidios para créditos hipotecarios. Una de las actualizaciones más notables es la disminución de hasta un 1% en la tarifa preferencial y la adición del artículo 12, que exige a las instituciones bancarias analizar la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que se termine el período del subsidio recibido.
Estas alteraciones provocaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores de bienes raíces, quienes señalaron que las recientes regulaciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad de viviendas para miles de familias en Panamá. Frente a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que la propuesta de suspensión permitiría que la Ley 3 de 1985, que no considera la reducción del subsidio, se aplique nuevamente de manera provisional. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de procedimientos pendientes para aproximadamente 9,000 familias que desean adquirir una casa propia.
El aplazamiento de la Ley 468 será enviado al Legislativo mediante el proyecto de ley 59-92, el cual se debatirá durante las sesiones extraordinarias. En este momento, la Asamblea Nacional está llevando a cabo sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la confirmación de designaciones en diversas instituciones del Estado, por lo tanto, añadir este nuevo proyecto demandará una prolongación del periodo legislativo.
La controversia ha desencadenado una discusión sobre la importancia de balancear las políticas fiscales del gobierno con el apoyo al acceso a la vivienda. Aunque el gobierno intenta prevenir el incremento de la deuda pública, el sector de la construcción y las entidades financieras destacan la relevancia de conservar estímulos que impulsen la inversión y el crecimiento económico.
La normativa sobre Intereses Preferenciales ha sido fundamental en el desarrollo del sector inmobiliario en Panamá por más de cuarenta años. Su alteración ha creado incertidumbre en el mercado, impactando la aprobación de nuevos préstamos para vivienda y la continuidad de desarrollos de construcción. La pausa provisional de la Ley 468 pretende ofrecer un alivio al sector a medida que se analizan opciones para lograr una reforma balanceada y sostenible de los subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
