El gobierno panameño expresó su satisfacción tras haber sido excluido de la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, elaborada por la Unión Europea. La decisión fue comunicada oficialmente por las autoridades comunitarias, marcando un hito importante en el esfuerzo del país centroamericano por limpiar su imagen financiera a nivel global.
La exclusión de Panamá de dicha lista se produce luego de un prolongado proceso de evaluación y seguimiento en el que el país implementó una serie de reformas legales, institucionales y regulatorias con el objetivo de alinearse con los estándares internacionales establecidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las medidas adoptadas incluyeron modificaciones a la legislación sobre sociedades anónimas, mecanismos de debida diligencia en el sistema bancario, y una mayor cooperación entre entidades públicas para detectar y sancionar actividades ilícitas.
Desde que Panamá fue agregada a esta clasificación en 2020, distintos sectores en el país, tanto gubernamentales como del ámbito privado, expresaron su oposición a lo que percibían como una evaluación injusta. Alegaban que el país había progresado notablemente en cuanto a transparencia financiera, pero que seguía existiendo una percepción desfavorable, intensificada por escándalos globales como el conocido caso de los «Papeles de Panamá», a pesar de que muchas de las prácticas mencionadas no estaban prohibidas por las leyes locales en ese momento.
Con esta decisión reciente, Panamá aspira a no solo elevar su reputación frente a los mercados financieros globales, sino también atraer inversiones nuevas y reforzar sus relaciones comerciales con aliados europeos. Estar ausentes de la lista quita barreras para que bancos y compañías europeas operen con mayor seguridad en el país, al mismo tiempo que simplifica procesos como la transferencia de dinero, la apertura de sucursales y la participación en licitaciones gubernamentales.
Las entidades panameñas destacaron que esta exclusión no implica el abandono del compromiso con la transparencia, sino que confirma la intención del Estado de continuar avanzando en sus sistemas de control. Asimismo, exhortaron a otros países de América Latina que aún aparezcan en listados similares a intensificar sus esfuerzos y trabajar conjuntamente a nivel regional para eliminar las prácticas ilegales que impactan la estabilidad económica del continente.
La salida de la lista también representa un triunfo para el sector financiero panameño, uno de los más desarrollados de la región. Bancos, firmas legales y consultoras han sido actores activos en la implementación de mejores prácticas, invirtiendo en tecnología de monitoreo, capacitación de personal y mecanismos de cumplimiento normativo. Este trabajo conjunto fue esencial para demostrar ante los evaluadores internacionales que el país estaba cumpliendo con los compromisos adquiridos.
Expertos en materia fiscal y legal advierten que, aunque la salida de la lista es una señal positiva, Panamá deberá continuar consolidando su marco normativo y mejorando la eficiencia institucional para evitar un retroceso. La presión internacional para actuar contra el blanqueo de capitales se mantiene, y organismos multilaterales realizan monitoreos constantes para asegurar que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
El dictamen de la Unión Europea forma parte de un contexto más amplio en el que se están revisando las listas grises y negras, y otros países también intentan mejorar su posición implementando reformas estructurales. En este contexto, Panamá destaca como un ejemplo exitoso de cómo un país puede cambiar su reputación en la escena financiera global mediante la voluntad política, la colaboración entre instituciones y el diálogo con las autoridades pertinentes.
El gobierno de Panamá reiteró su compromiso de seguir laborando por una economía que sea formal, clara y atractiva para la inversión que se realiza con responsabilidad. Según sus representantes, el país progresa con determinación hacia una nueva fase, donde el cumplimiento de las normas internacionales no se perciba como una imposición, sino como un elemento de una política estatal dirigida al desarrollo sostenible y a la plena integración en el sistema financiero mundial.
