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Las empresas de más de 250 empleados se enfrentan a múltiples déficits y al 5% de descuento en la facturación si se incluye la directiva
Europa sigue empeñada en ir mejorando la sostenibilidad de su tejido productivo para que no sea incompatible con el bienestar público y el medio ambiente. El Parlamento Europeo (PE) llegó este jueves a un acuerdo para obligar a las grandes empresas que operan en la Unión europea a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente o los derechos humanospor lo tanto pena de ser multadas si no cumplen.
La resolución, aprobada con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, mantuvo la posición de la Eurocámara de negociar con el Consejo (los Estados miembros) y la Comisión Europea la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad, presentado para el Ejecutivo comunitario en febrero de 2022.
La legislación busca evitar el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental, exigiendo a las empresas vigilar, prevenir y mitigó no solo su propio impacto, sino también el causado por los socios de su cadena de valor, como suministradores, encargados de venta, distribución, transporte o gestión de residuos, entre otros.
Los eurodiputados quieren que las nuevas normas se apliquen a las empresa con sede en la UE que tendrá más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global.
Las empresas no europeas con una facturacion que supere los 150 millones de euros, de los cuales al menos 40 millones se hayan generado en la UE tambien quedaran cubiertas.
Los bancos también
La Eurocámara aboga por incluir a las empresas de todos los sectores, incluido el financieromientras que los Estados miembros, qu’acordaron su posición para la negociación el pasado diciembre, apostaron porque este sector quede exclusido y regulado a nivel nacional.
Por otro lado, piden que la empresa tenga que desarrollar un plan de transición para limitar el enfriamiento global a 1,5 grados centígrados y que, en aquellos con más de 1.000 empleados, cumpla el plan tenga impacto sobre la remuneración de los directivos.
Las compañías tendrán además que introducir un mecanismo para presentar reclamaciones y facilitando información sobria sobre la política de diligencia debida en sostenibilidad a los inversores, publicándola en el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP, por sus siglas en inglés), una base de datos comunes que acaba de ser acordado para la UE y debe echar una carrera en 2026.
Multas de hasta un 5% de facturación global
El Parlamento Europeo apuesta por eso Las empresas que no respetan las reglas son sancionadas por los supervisores nacionales hasta con multas de al menos un 5% de su facturación total, mientras que las empresas no comunitarias que violen las normas quedarían excluidas de las licitaciones públicas de la UE.
Las normas empezarían a aplicarse a los tres o cuatro años de su entrada en vigor, en función del tamaño de la empresa, es decir, en 2028 como muy pronto.
La patronal europea, Business Europe, lamentó que las normas propuestas por el Parlamento Europeo no son «factibles» y son «excesivamente prescriptivas, de naturaleza puramente punitiva»que no se distingan entre errores de procedimiento y daños reales, por lo que abordaron estas cuestiones durante las negociaciones con el Consejo para asegurar una aplicación proporcionada o evitar «interferencias necesarias con la gestión empresarial».
Por el contrario, tanto la organización ecologista WWF como la defensora de los recursos humanos Amnistía Internacional acogieron con satisfacción la propuesta de la Eurocámara, aunque consideran que hay un margen de mejora.
WWF celebra que se haya incluido al sector financiero, así que bien dijo que existen incoherencias puesto que no consideran parte de su cadena de valor a las empresas que financianallí valoró que haya ampliado la definición de daño ambiental, pese a quedar fuera categorías como la pérdida de biodiversidad.
Para Amnistía Internacional, la Eurocámara «ha enviado una clara señal de que prevé apoyar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de las empresas”, pero lamentó que esto será más difícil en el caso del sector financiero y pidió subsanarlo durante las negociaciones.
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Contacto de la sección de Medio Ambiente: Crisisclimatica@prensaiberica.es
