A qué día estamos ? “Pierdo la noción del tiempo”observa a Daniel, un migrante venezolano de 30 años, sentado en el murete de una plaza de Iquique, localidad chilena de la región de Tarapacá ubicada a 1.700 kilómetros al norte de Santiago, a mediados de abril. “Anoche dormimos afuera. Yo, sólo unos minutos. Tenía miedo de que nos robaran”informa, señalando a su compañía, Joselin, de 26 años, y su hija, Alanna, que pronto cumplirá 3 años.
Al final de un viaje de dos meses a dedo y en bus desde Venezuela, del cual se fueron porque» [ils] no comas[ient] no todos los días «, llegaron a su destino, Chile, hace una semana, cruzando la frontera con Perú. Al igual que miles de otros migrantes, en su mayoría venezolanos en situación precaria, entraron de contrabando, sin poder pagar un pasaporte y una visa en su país de origen. Esperaban conseguir un trabajo de inmediato. “Preguntamos por todas partes, pero no encontramos nada. Estar en la calle nos da vergüenza”, lamenta Daniel. Un transeúnte les ofreció dos bandejas de arroz con pollo. Pero los chilenos cruzados les han advertido: aquí los migrantes no son bienvenidos.
Para detener la afluencia de Bolivia y Perú, el presidente chileno, Gabriel Boric (izquierda), desplegó soldados para monitorear la frontera con los dos países el 27 de febrero por un período de noventa días. Tienen derecho a realizar controles de identidad y detener a las personas que cruzan la frontera. “El Estado no estuvo lo suficientemente preparado para recibir la llegada masiva e irregular de migrantes”argumentó Gabriel Boric el 15 de marzo. “Lamentablemente, algunos de ellos vienen con la intención de delinquir (…). Los buscaremos y les haremos la vida imposible, en el marco del Estado de derecho”añadió.
Clima de sospecha
Esta medida constituye una reversión. Antes de asumir el cargo en marzo de 2022, el programa de Gabriel Boric prometía una política migratoria basada en derechos humanos y un registro de extranjeros sin permiso de residencia, a mil millas del escenario militar. El 18 de abril, por el contrario, el Parlamento aprobó dos proyectos de ley que endurecen los controles de inmigración y las condiciones de deportación.
Según el Ministerio del Interior, la presencia de militares -medida popular- ha reducido en un 55% el número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera chilena en comparación con el mismo período del año anterior, con un promedio de 440 llegadas por semana. Pero la militarización se evidencia en la dificultad del gobierno para implementar una política migratoria coherente, las carencias del estado y la fragilidad de un tejido social plagado de xenofobia.
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