Por
Cledis Candelaresi
Paradójicamente la intervención administrativa de Edesur se concretó en un momento en que las distribuidoras del área Metropolitana tienen el mayor registro en calidad del servicio de los últimos años, según medicamentos oficiales. El otro dato aparentemente disonante es que, con la secuencia de aumentos tarifarios dispuestos de abril, la caja de las concesionarias bajo la lupa reforzará más de un 260% este trimestre.
A raíz de prolongados retrasos en medio de la máxima intensidad y calor inusual, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad decidió intervenir a la distribuidora sureña por 180 días, encomendándole esa responsabilidad a Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda.
Más que un gesto simbólico del Gobierno para calmar la furia de los consumidores que se quedó sin servicio en días tórridos que una decisión con consecuencias operativas concretas en el servicio, que ya estaba monitoreada por representantes del órgano regulador.
Sin embargo, el aparente embate contra la compañía liderada por la italiana Enel, en pleno proceso de venta, difícil de terminar en una concesión completapena máxima eventual para un adjudicatario que no cumpla sus obligaciones, a pesar de las debilidades de la prestación.
La situación legal de vidriosa se encuentran las privatizaciones eléctricas, con contratos en revisión permanente y acuerdos tarifarios provisorios, hace difícil cualquier sentencia definitiva.
Pero de acuerdo al seguimiento del propio Enre, Edenor y Edesur en los últimos años mejorar progresivamente las condiciones de prestación de serviciosmás allá de los cortes prolongados que padecieron muchos usuarios Durante el último pico de calor, aumentaron en estadísticas aún bajo procesamiento.
Uno de los mecanismos de evaluación que tiene el organismo regulador es el de la frecuencia y duración de los cortes de suministro, que semestralmente promedian.
Según la última información disponible, referida al período abril septiembre 2022, el promedio de interrupciones por usuario fue de 7 horas promedio por semestre para la distribución sureñauna hora por encima de Edenor (si no se toma el paliativo de “cortes por fuerza mayor”).
Esos valores están bastante por debajo de lo que se produjo en momentos anteriores y sin llegar al máximo que prevean los contratos originales, de 10 horas de cortes en ese lapso.
El SAIDI (según las siglas que identifican este parámetro), estuvo en un promedio de 15 horas hacia el final de la gestión de Mauricio Macri y el comienzo de Alberto Fernández. Pero había llegado a superar cómodo el 30% durante la de Cristina Kirchner (2013-2014).
Cuando estos valores no se cumplen, se aplican multas. Sólo si estas penalidades económicas llegaran a superar el 20% de la facturación de un período, entonces se podría abrir la puerta para una eventual estatización.
Hay otros indicadores de desempeño que habilitan lo mismo pero ligados a puntuales y eventos, tal vez, de aplicación más discrecional. Entre ellos, algún incumplimiento severo como dejar a los usuarios sin prestación por un período prolongado.
Son concesiones por 99 años, que no involucran a los activos: éstos pertenecen al Estado Nacional, que en teoría podrían recuperarlos al fin de la licencia. O antes, ante una situación de propicie el fin anticipado de la adjudicación.
Walter Martello, ponente del Enre, sugirió en declaraciones públicas de atrás que ese podría ser un camino para recuperar la plena soberanía estatal sobre este servicio privado, sin propiciar un juicio indemnizatorio del accionista. Si hay «culpa» del accionista privado, no habría derecho a resarcimiento a través del Ciadi (tribunal del Banco Mundial) o cualquier otro arbitraje internacional.
Sin embargo, ni esa tarea parece sencilla ni hay ánimo gubernamental de echar a los que están tratando de ir a través de una venta, que podría concretarse con la aparición de compradores locales, con diálogo más fluido con el Gobierno.
La situación jurídica de estas concesiones es precaria ya que los contratos originales fueron emparchados recurrentemente. Las tarifas son ponderadas y disociadas de los costos y la caja pública intervino el negocio a través de subsidios que ayudan a cubrirlos.
Hoy está en curso una «revisión tarifaria transitoria» y cualquier aumento se dispone a cuenta de una «definitiva». Originalmente, las tarifas podrán revisarse cada 5 años o, excepcionalmente, en alguna oportunidad muy especial y en un proceso que no supere los seis meses.
En este marco precario y difuso, el Enre dos autorizado ajustado por el precio de la luz en el área metropolitana (Capital y Conurbano), que mejora sustancialmente los insumos de las distribuidoras.
El valor agregado de la distribución aumentará un 108% en abril y un 74% en junio, donde acumulado significa una recomposición de la caja de las empresas en un 261%.
Como la distribución es solo una parte de la factura que pagan los usuarios finales, el impacto de ese ajuste es menor y diferenciado segun el nivel de cada consumidorasignado a la segmentación actual.
El universo de consumidores residenciales del área metropolitana se define como promedio promedio (aproximadamente $177 y 619 mil) tenderá en el trimestre un total de 68%; la parte superior de los ingredientes 43% y la parte inferior 114%.
Eso mismo explica por qué el costo de la electricidad propiamente dicha es menor en el segmento de menores ingresos debido a que se benefician con más subsidios. Entonces, la distribución tiene mayor peso relativo en estas boletas.
