El juicio por el caso ‘Papeles de Panamá’ comenzó ayer contra 27 imputados que afirman su inocencia y la Fiscalía determinó pedir una sentencia «ejemplar». Esta audiencia, a la que asistieron la mayoría de los imputados, algunos de ellos a través de plataformas digitales, está prevista que se extienda hasta el próximo 26 de abril. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del despacho de abogados, núcleo de el escándalo que estalló en 2016 al exponer transacciones financieras realizadas a través de miles de corporaciones extraterritoriales vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras. «No soy responsable de tales actos», respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo de Liquidación en lo Penal, cuando le preguntaron si se consideraba responsable del cargo de lavado de dinero, pregunta que le hicieron a todos los imputados. presente en la audiencia. Fonseca Mora no se presentó a la sala ni se conectó por medios virtuales porque se encontraba hospitalizado, según explicó su defensa, quien presentó una certificación médica. Jürgen Mossack dijo que el caso comienza con el robo de información del despacho de abogados y luego con la persecución armada por parte de la abogada Kenia Porcell. No hay lavado de dinero y por eso debemos ser absueltos, afirmó el abogado. También están acusados no solo los socios fundadores, sino también exempleados del despacho de abogados Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, después de 40 años de actividad. operaciones en las que «nunca estuvo involucrada en actos ilícitos», como dijo en una carta pública en su momento. «Si hay verdadera justicia, nos saldremos con la nuestra», afirmó Mossack a su llegada a la sede del tribunal en un brevísimo comunicado. a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse «muy optimista». En junio de 2022, Baloisa Marquínez dictó el “sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y sobreseimiento definitivo para otra” en el caso. Sostuvo, entre otros, que la investigación «no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con el propósito de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni las cantidades de dinero recibidas de empresas offshore» o extraterritoriales. Pero luego, un tribunal superior modificó la sentencia de despido y abrió una causa penal contra 32 personas. Ya ante una audiencia fiscal preparada por el entonces magistrado Luis Ramón Fábrega en el caso de la representante Sara Montenegro investigada en dicho caso, advirtió que los servicios prestados en el marco de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (sobre sociedades anónimas) y que «ofrecen un número plural de despachos de abogados, no pueden ser considerados delitos». El uso de sociedades anónimas u otras estructuras societarias o financieras supuestamente para evadir impuestos o defraudar al fisco, no puede considerarse un delito precedente al lavado de dinero en Panamá, ya que Es recién a través de la promulgación de la ley 70 del 31 de enero de 2019, que se tipifica el fraude fiscal como un delito precedente al lavado de dinero, sostuvo Fábrega. Fábrega advirtió que el Ministerio Público estableció que los presuntos delitos anteriores fueron cometidos durante el período 2010-2015 y que según Brasil fueron corrupción, fraude, estafa. Paralelamente, Ramón Fonseca Mora demandó por $24 millones en el Cuarto Juzgado Civil de Panamá a AIG Seguros Panamá (absorbida por Seguros ASSA), por impago de tres pólizas diferentes.
