Una propuesta universitaria

La seguridad jurídica de un país se define de manera simple y sencilla como la garantía que le da al individuo el Estado de que su persona, su propiedad y sus derechos no serán vulnerados o que, de ocurrir estos últimos, se producirán tener asegurada por la sociedad y el Estado, la protección y reparación de aquellos.

La seguridad jurídica de un país se define de manera simple y sencilla como la garantía que le da al individuo el Estado de que su persona, su propiedad y sus derechos no serán vulnerados o que, de ocurrir estos últimos, se producirán tener asegurada por la sociedad y el Estado, la protección y reparación de aquellos. Esto tiene que ver directamente con contar con instituciones de justicia suficientemente robustas e imparciales que garanticen a la ciudadanía una justicia objetiva, imparcial y expedita y, a su vez, fortalezcan formas alternativas de administración de justicia, como los órganos de arbitraje.

Una vez abordado este concepto, que permite contextualizar los objetivos fundamentales de este documento, les recuerdo que Panamá es pionera en el establecimiento de procesos arbitrales dentro de su jurisdicción, ya que nuestro país fue la sede de la firma de la Convención Interamericana de 1975 sobre Arbitraje Comercial Internacional, la cual fue inicialmente suscrita por 17 países y que sirvió de marco para renovar la Convención de Nueva York de 1958, que regulaba únicamente materias relacionadas con el arbitraje comercial en el continente americano. Esto es importante mencionarlo porque nuestro país siempre ha estado a la vanguardia en estos temas.

En el marco constitucional, no es hasta las reformas constitucionales de 2004 que Panamá decide incluir el arbitraje en su texto dentro de las normas del Poder Judicial, como alternativa a la jurisdicción ordinaria para la resolución de conflictos y controversias. Y no es que a través de la Ley 131 de 2013, que regula el arbitraje en Panamá, se valida el compromiso de nuestro país de someter sus conflictos a esta jurisdicción, respetando los principios de autonomía de voluntad, libertad y disposición. de las partes.

Para ahondar un poco más sobre esta realidad, la figura del arbitraje se ha convertido en una herramienta importante en la resolución de conflictos porque nuestro país es un importante centro de conectividad aérea, con una robusta plataforma de servicios bancarios y un centro logístico. marítimo de clase mundial. Y es precisamente por estos atributos comerciales y de servicio que actualmente también contamos con estos mecanismos de resolución de disputas que dan un valor agregado en el momento en que se someten las disputas a esta jurisdicción, de la cual debemos tener como nuestro norte un país dispuesto a fortalecer, apoyar. y modernizar esta institución, garantizando su transparencia.

En esta misma línea, es importante señalar que, de la misma manera, existen grupos organizados que responden a intereses políticos e ideológicos ampliamente conocidos, y que han intentado sin éxito romper con las normas generando prácticas y tácticas dilatorias, buscando y promover movimientos de presión y huelgas con la clara intención de arruinar los esfuerzos para llevar, como establece la norma, sus controversias ante esta jurisdicción.

Y lo más preocupante es que estas acciones se llevan a cabo en empresas que tienen que ver con los servicios públicos, y que como consecuencia de esta interrupción prolongada podrían suponer un peligro para la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población.

Solo para poner en perspectiva lo importante que es para Panamá esta figura del arbitraje obligatorio y las pérdidas que su no aplicación trae a nuestro país, permítanme señalar que solo en el sector portuario se ha convertido el tema de las huelgas y paros en las terminales portuarias. inquietante. No solo colapsa el sistema portuario, sino que la imagen de nuestro hub logístico se ve afectada.

El 90% de la carga que transita por las terminales portuarias de Panamá es transbordo, lo que perjudica toda actividad cuando hay huelgas y huelgas. En 2012, cuando se declaró la primera huelga portuaria, se causaron terribles daños al sector, reduciendo el volumen de carga entre un 15% y un 20%, lo que significa unos 700 mil contenedores menos.

Con base en lo anterior, es necesario fortalecer la figura del arbitraje obligatorio dotando a las instancias laborales correspondientes de las herramientas necesarias para que no existan medidas dilatorias en el momento en que se produzcan situaciones de cese en el trabajo, garantizando a ambas partes una solución al problema. sus controversias y sin afectar a la población de los efectos que este paro laboral podría ocasionar.

Al tratarse de empresas de servicios públicos, esta instancia adquiere mayor relevancia. Por tanto, para abordar de forma objetiva y pacífica los problemas que dan lugar a una huelga o huelga, conviene llamar a ordenar nuestra legislación y adaptarla así a este momento en el que el mundo vive una desaceleración económica. Asimismo, es urgente fortalecer todas nuestras instituciones de administración de justicia que nos permitan continuar en la senda del desarrollo y ser un país atractivo para la inversión extranjera y respetuoso de la seguridad jurídica.

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