El presupuesto presentado por el Ministerio de Seguridad recibió una fuerte oposición debido a no alcanzar el quórum requerido para su aprobación, dejando sin soporte varias asignaciones esenciales, incluyendo los pagos por primas de antigüedad. La propuesta consideraba un rescate financiero de $800,000 dirigido específicamente a indemnizaciones laborales pendientes, relacionadas con el personal que trabajó en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en los años 2014 y 2015. Esta solicitud está basada en la legislación actual que reconoce estas primas como un derecho legítimo de los empleados públicos con años de servicio.
A pesar de esto, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, varios diputados cuestionaron la transferencia de fondos, alegando que parte de esos recursos podrían representar pagos a funcionarios de nivel superior, entre ellos el actual responsable del Ministerio de Seguridad, cuando dirigía el SENAFRONT en aquella época. Este punto causó controversia y llevó a que ciertos legisladores condicionaran su respaldo a la divulgación del listado íntegro de los 223 posibles beneficiarios. Sin embargo, el informe entregado por las autoridades no especificó los nombres de dichas personas, lo que aumentó las incertidumbres entre los legisladores.
Al no haber quórum, se detuvo el traslado de diversos partidos y quedaron en el aire tanto el dinero para las indemnizaciones como otras asignaciones urgentes. Destacan entre ellas los $999,000 destinados a comprar 400 pistolas Taser, que son dispositivos no letales para el uso operativo de policías locales y oficiales del Organismo de Tránsito. Esta compra fue criticada porque se planeó realizar mediante un proceso de compra directa a Cool Water, que es el único distribuidor autorizado en el país, generando opiniones negativas sobre la transparencia y el posible riesgo de asignación sin competencia.
Pero el presupuesto no solo incluía primas por antigüedad y equipo no letal. También se pidió una cantidad extra de $3.8 millones para financiar las pensiones de 261 exmiembros que pertenecieron a cuerpos de seguridad. La meta afirmada del Ministerio era completar el conjunto económico de beneficios históricamente atrasados y mejorar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con instrumentos que disminuyan el uso de la fuerza letal.
La reacción de las autoridades fue inmediata. El titular de Seguridad indicó que las compensaciones y bonificaciones están respaldadas por la Ley 241, que asegura estabilidad y reconocimiento financiero a empleados con larga trayectoria. En el caso específico del ministro, quien supuestamente también podría recibir uno de estos pagos, prometió entregar su porción al Hogar San José, un refugio para niños en riesgo ubicado en Panamá Oeste. Este anuncio parecía destinado a reducir la percepción de conflicto de intereses y a aumentar la aprobación política de la decisión.
En su intervención, el viceministro defendió la compra de Taser y la provisión de pensiones como medidas cruciales para actualizar y hacer más humana la gestión policial, además de cumplir con las responsabilidades del Ministerio. Sin embargo, la imprecisión respecto a los fondos específicos y quienes se beneficiarían detuvo la aprobación inmediata.
Quedó igualmente por ejecutar un traslado anticipado para apoyar el pago de alquileres de oficinas del Ministerio de Vivienda, que ocupa espacios en Plaza Edison. Ese fondo ya había sido discutido y ahora se añade al grupo de partidas denegadas, lo cual indica que el bloqueo del presupuesto no es un incidente aislado, sino que forma parte de una oposición más general dentro de la Comisión de Presupuesto.
La suspensión de estos traslados presupuestarios pone en jaque no solo los compromisos con servidores actuales y exfuncionarios, sino también los planes operativos de seguridad ciudadana. La falta de financiación para los Taser pone en entredicho una estrategia gubernamental que busca disminuir intervenciones letales, mientras que la postergación del pago de antigüedad y jubilaciones podría generar conflictos laborales y un impacto negativo en la moral de las fuerzas de seguridad.
En el entorno electoral y político, cobra mayor importancia este rechazo. El cuerpo legislativo, bajo la presión de grupos que solicitan transparencia, demanda de documentos y se oponen a adquisiciones directas, se halla en una situación en la que cada peso destinado al sector de seguridad es examinado detalladamente. Para que el presupuesto pueda progresar, será necesario contar con un quórum significativo y proporcionar un informe transparente que indique a los beneficiarios, justifique las adquisiciones y garantice que los fondos se dirijan únicamente a metas operativas y sociales.
